El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 16 de septiembre la reforma de las leyes de dependencia y de discapacidad, una iniciativa que incorpora más derechos, prestaciones y servicios, además de una reducción de la burocracia.
La nueva normativa quedó recogida en la Ley 4/2026, de 1 de octubre, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 3 de octubre. Esta ley modifica tanto la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social como la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, con el objetivo de reforzar la inclusión, la autonomía personal y la accesibilidad universal.
La reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia incorpora las siguientes medidas:
- Eliminación del régimen de incompatibilidades para que las personas en situación de dependencia puedan recibir diferentes prestaciones.
- Ampliación y regulación de la asistencia personal.
- Ampliación del servicio a domicilio, que ahora incluirá otras actividades básicas de la vida diaria como ir a la compra o al médico.
- Ampliación del concepto de personas cuidadoras, para incluir los distintos modelos de convivencia que hay.
- Reconocimiento de la teleasistencia como derecho.
- Se garantizan las cotizaciones y las sustituciones de las cuidadoras principales.
- Reducción del plazo máximo para el reconocimiento de la situación de dependencia de 6 a 3 meses.
Respecto a la nueva ley de discapacidad (Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social), la reforma incluye:
- Reconocimiento automático de un 33% de discapacidad a aquellas personas con un grado I de dependencia.
- Reconocimiento de la accesibilidad universal como un derecho.
- Modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para que las administraciones públicas tengan que ayudar económicamente a hacer obras de accesibilidad en edificios de viviendas.
- Derecho a la atención temprana. Cada familia en esta situación podrá exigir ante su administración autonómica que se le proporcione el tratamiento sin depender de la disponibilidad de plazas o presupuesto.
- Prohibición de la discriminación en los seguros de hogar o salud a personas con discapacidad.
- Regulación de la figura de un facilitador procesal que evitará situaciones de indefensión en los procesos judiciales.
Además, esta reforma garantiza que el Estado asuma el 50% de la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
Esta medida se complementa con el incremento extraordinario de financiación aprobado este año, que destinará 6.200 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas entre 2026 y 2027.
Esta ley entrará en vigor el 23 de octubre de 2026.
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